El Código Penal se endurece frente a los casos de hurto comercial

El Ministerio de Justicia es totalmente sensible a las peticiones que las empresas del gran consumo vienen realizando desde hace años para tratar de reducir el impacto que anualmente les causan los hurtos comerciales, tal y como ha manifestado Rafael Catalá en el XVII Seminario AECOC de Prevención de Pérdida. Por ello, el titular de justicia ha anunciando que el nuevo Código Penal, que será aprobado a principios de 2015, recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multireincidentes. Y es que según el estudio elaborado por AECOC, en colaboración con EY, sobre la pérdida en la gran distribución comercial, más de un 81% de las compañías alertan de que los hurtos corren, en su mayoría, a cargo de bandas organizadas o ladrones profesionales, lo que confirma que el perfil de los ladrones se aleja del “hurtador famélico”.

Respecto a los principales motivos del hurto, un 88% de las empresas aseguraron que mayoritariamente se destinan a la reventa en mercados paralelos. Y, mientras que el valor medio de la mercancía sustraída se sitúa entre los 50 y 100€ para el 49% de los encuestados, un 30% asegura que los hurtos no superan los 50€. Los hurtos comerciales suponen pérdidas de 1.600 millones de euros anuales para las empresas del sector y representan un 0,8% de la facturación global. Así las cosas, el Ministro de Justicia ha manifestado su compromiso en el marco del Seminario de AECOC, de mejorar el marco jurídico para las empresas adaptando también la legislación a las demandas de los ciudadanos. En este sentido, Rafael Catalá ha confirmado el compromiso del Gobierno en la lucha contra este problema, que resta competitividad al sector de la distribución.

En ese sentido también se ha pronunciado el director general de AECOC, José Mª Bonmatí, al declarar que este importante problema obliga a las empresas a destinar recursos económicos a la prevención de las pérdidas, limitando así su capacidad competitiva y de generación de empleo. En cuanto a los hechos denunciados, más de la mitad de las empresas que han participado en el estudio, afirman que denuncian menos del 15% de los casos de hurto que detectan en sus establecimientos. Según indican, la escasa efectividad de las condenas, es en un 71% de los casos, el principal motivo por el cual no se denuncian los hurtos, seguido de un 58% que cita el excesivo tiempo en los trámites para hacer efectiva la denuncia. Según datos de AECOC, las empresas dedican al año 400.000 horas a la gestión de este tipo de incidentes. Asimismo, un 80% de las empresas del sector valora negativamente la eficacia del actual Código Penal. Hecho que denota la desprotección que sienten las empresas ante un Código Penal que califican de demasiado indulgente. Las empresas de gran consumo coinciden en destacar que actualmente no se tiene en cuenta el agravante de la reincidencia, así como el elevado importe que debe tener el producto hurtado (400€) para considerar la acción como un delito en lugar de como una falta.

Finalmente, el Ministro de Justicia ha destacado la colaboración como uno de los retos imprescindibles para la lucha contra el hurto, así como también lo han hecho las empresas del sector que han participado en el estudio, que en un 95% han afirmado que la colaboración fabricante-distribuidor es necesaria para reducir la pérdida desconocida. A lo largo de la jornada participarán en el Punto de Encuentro de AECOC destacados profesionales del sector de la prevención de la pérdida y de la seguridad como los representantes del área de seguridad de Ahold, Wallmart Chile, Desigual y Logesta, para abordar las estrategias de las mismas compañías. También participará Colin Peacock, group strategy coordinator de ECR Europe Shrinkage Group abordará los casos de éxito internacionales más exitoso, y destacados profesionales del ámbito judicial como Jesús Zarzalejos, doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid; Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio de Interior y Eduardo de Porres Ortiz, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que analizarán la situación actual y las perspectivas del marco legal.