La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, comparece en el Parlamento para valorar el proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2015. Este año alcanzan los 29.625,16 M€, lo que representa una cifra prácticamente igual a la de 2014 (+0,018%). La consignación presupuestaria para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural asciende a 2.140,13 M€, lo que representa una reducción del 1,5% respecto de los presupuestos de 2014 y un acumulado del 4% en los dos últimos ejercicios.
Considerando únicamente los programas que gestiona la Consejería de Agricultura y comparándolos con los equivalentes del anterior curso presupuestario, vemos que el capítulo de inversiones se mantiene prácticamente igual (457,21 M€, excluida Pesca y considerando al IFAPA) aunque hay un descenso acumulado desde 2012 de casi un 24%.
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Es necesario destacar que del total de inversiones previstas, 406,31 M€ se corresponden con gastos FEADER (el 89%), mientras los fondos propios se contraen nuevamente, suponiendo en la actualidad un ridículo 2% del total.
No podemos olvidar que las inversiones son los gastos generadores de riqueza y que permiten la mejora de las infraestructuras y de los medios de producción. En un contexto como el actual, de restricción crediticia, el apoyo público es fundamental para la recuperación económica. Por eso, desde COAG planteamos que los presupuestos tienen que reflejar una acción pública para potenciar el sector agrario como pilar estratégico para el fomento económico y la creación de empleo en Andalucía.
En esa línea, las políticas públicas deben favorecer que el sector gane en eficiencia y mejore su rentabilidad, lo que pasa por reducir los costes. Para ello, esta organización agraria propone, entre otras cosas, apostar por las energías renovables y aplicarlas tanto a la producción como a la transformación, además de potenciar el I+D+i para incrementar la transferencia efectiva de conocimiento del laboratorio al campo.
Dos cuestiones estratégicas son la modernización de estructuras productivas y el relevo generacional. COAG reclama a la Consejería que haga una apuesta por ellos, como claves para el futuro de la actividad agraria en Andalucía y pilares del nuevo PDR, que contará con casi 2.500 millones de euros.
La modernización es esencial para construir y mantener un sector profesional de referencia. Modernizar estructuras permite ser más productivo y eficiente y ofrecer la máxima calidad que es bandera de Andalucía tanto en el mercado interno como en las exportaciones.
En cuanto al relevo generacional, es fundamental en una región como la nuestra, donde el sector agrario, con una PFA de más de 10.000 M€, aporta el 20% del PIB y equilibra la balanza comercial con un superávit de más de 3.000 M€. Sin embargo, en estos momentos sólo el 6,4% de las más de 246.000 explotaciones andaluzas está en manos de menores de 35 años, mientras más del 55% de los titulares está por encima de los 55 años, y más del 31% supera los 65.
Otra de las medidas que COAG ha planteado es la necesidad de establecer unas relaciones comerciales justas, más equilibradas, en la cadena alimentaria, y esto, en un contexto comunitario de progresiva desregulación y eliminación de mecanismos de gestión, pasa por la potenciación del papel de las interprofesionales en la gestión de los mercados.
Como ya hemos señalado, es significativo que sólo el 2% del presupuesto de inversiones sean fondos propios, ya que el resto se compone de partidas comunitarias (FEADER, FEDER y FEAGA). No obstante, esta organización agraria considera que la Consejería debe pelear por poner en marcha otra política agraria, no sólo con la gestión de sus fondos propios, muy escasos, sino también cambiando la orientación de los presupuestos que vienen de Bruselas, marcando criterios de priorización en favor del modelo social y profesional de agricultura (con topes por explotación, con degresividad, con la exigencia de un grado de productividad real y razonable para el cobro de ayudas…), por el que la UE no parece apostar, pero que es clave para nuestra comunidad autónoma.
Tenemos en Francia un ejemplo de otra forma de gestionar la política agraria, usando los recursos de Bruselas para mantener y proteger a su tejido productivo: ayuda redistributiva a las primeras hectáreas, prima a la vaca nodriza con degresividad… Y lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 185: “los fondos que se reciban en estos conceptos podrán ser modulados con criterios sociales y territoriales por la comunidad autónoma de Andalucía, dentro del respeto a las normas europeas aplicables.”
En definitiva, hay que corregir las disfunciones que ha creado una reforma que no pone al productor agrario ni a la producción en el centro de la política agraria europea, menospreciando su aspecto económico y generador de empleo.
COAG Andalucía insiste en el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento, al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental asegurar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.
