Alto coste de los seguros agrarios

Para el coordinador del Grupo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias, Ignacio Molina, las coberturas tradicionales contra heladas, pedriscos o incendios «siguen funcionando bien».

Sin embargo, en el caso de la cobertura a los daños causados por la sequía, a los productores de frutos secos se les garantiza una parte de la producción, pero no están cubiertos si se ven obligados a arrancar los árboles dañados -otra cosa es que puedan beneficiarse de determinadas líneas de financiación o fiscales si lo decide el Gobierno-, ha apuntado.

En ganadería, «los riesgos genéricos» no producen mayores problemas, como las muertes de reses por inundaciones o rayos, aunque sí detecta complicaciones en caso de «mamitis» de las vacas, porque está sometido a la interpretación «subjetiva» de los peritos, que pueden aducir mal manejo del ganado para no efectuar los pagos.

«Hay un sentir generalizado, y esto no es algo nuevo, de que muchas veces falta cercanía, tacto y sensibilidad de Agroseguro», ha añadido.

Puede ocurrir que productores sufran daños por rajado en la fruta o malformaciones en los bulbos por oscilaciones bruscas de temperaturas, pero que el seguro dictamine que no se deben a adversidades climáticas o que hubo mala praxis, y no pagar, según Molina, quien critica el alto coste de algunas líneas.

«Estamos más o menos contentos con el funcionamiento de Agroseguro, en sentido global», ha afirmado desde Asaja el responsable técnico Gregorio Juárez, quien reconoce que los afectados nunca están totalmente satisfechos con la respuesta del sistema en caso de siniestro, como ocurre en sectores como el hogar, los industriales o el automóvil.

«Pedimos que el seguro perite con rapidez y agilice las indemnizaciones y, eso, hay que reconocer que funciona bien», ha apuntado Juárez.

Ha resaltado la contratación «brutal» en zonas de frutales muy productivas y con alto riesgo de sufrir problemas como pedrisco -en algunas regiones lo hace hasta el 70 % del sector-; en cereales, la contratación llega a la mitad de la superficie, aunque en regiones consideradas «graneros de España» el porcentaje sube al 70 %.

A su juicio, el coste del seguro es alto, más aún tras el recorte en las subvenciones públicas, lo que acrecienta las diferencias entre territorios: a un cerealista andaluz le cuesta 39 euros/ha contratarlo, frente a los 17 de Castilla y León o los 15 de Castilla-La Mancha y de Cataluña, a pesar de que reciben el mismo precio por cada kilo de cebada en el mercado.

«Más o menos todos los cultivos se encuentran con problemas, con carácter general», en cuanto a su tratamiento por los seguros, si bien algunos están «mejor orientados» que otros, ha destacado el responsable del Área de Seguros Agrarios de COAG, Pedro García.

Entre las deficiencias, García ha señalado que los criterios de rendimientos asegurados que impone el sistema no siempre se adaptan a las necesidades del agricultor, si bien cita como la mayor insatisfacción los altos costes del seguro para el agricultor, debido a la reducción «importantísima» de las subvenciones públicas.

Muchos agricultores se encuentran, en caso de siniestro, con que no ven cubiertos por el seguro ni tan siquiera los costes de producción, lo que fomenta que en ciertos sectores no se contraten demasiado, como el seguro de explotación del ovino-caprino.

Desde UPA, el responsable técnico Javier Alejandre ha valorado la transparencia de Enesa a la hora de difundir datos sobre la evolución de la contratación, pero incide en la reducción de subvenciones tanto del Estado como de las CCAA para cofinanciación, lo que influye en el nivel de contratación.

En lo general, el sistema «funciona razonablemente bien», gracias al equilibrio entre Enesa, Agroseguro y el propio sector, ha dicho.

Según Alejandre, contratar un seguro en frutas y hortalizas puede suponer hasta el 15 % de los costes de la explotación, aunque no sólo el factor precio es determinante: «El nivel de contratación depende de lo acertado de la línea, si responde a las necesidades del sector y a la percepción de riesgo que tienen los agricultores».

En el caso de las frutas y hortalizas, pese a su coste, tiene un alto nivel de aseguramiento, porque los productores no tienen el colchón de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en caso de sufrir un desastre.

En el olivar, la contratación es inferior porque la percepción de riesgo es menor que en los frutales, ya que el agricultor tiene asumido que es un árbol vecero -a una alta cosecha le sigue una menor- y cuenta con el apoyo de las ayudas de la PAC.

En ganadería, el seguro de retirada y destrucción de cadáveres de ganado está muy extendido, pese a no ser obligatorio, mientras que el de ovino se encuentra entre los menos contratados.

Ha pedido más interacción para imbricar la política de seguros con la política agraria, porque cree que hay demasiada «endogamia» y poca comunicación de Enesa y Agroseguro con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que se conecten con las políticas horizontales, con las medidas agroambientales o los programas de incorporación.