1.700 inspecciones, 17 denuncias y la primera sanción

Así lo ha indicado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien clausuró una jornada organizada por la organización agraria COAG en la que han participado representantes de los consumidores, empresas alimentarias y de la distribución comercial para analizar dicha norma.

Según García Tejerina, la ley está teniendo incluso un efecto disuasorio porque «están escritas» las prácticas que se consideran abusivas, lo que lleva aparejadas sanciones -gracias a la labor de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios gubernamental (la AICA)- para las que «no hay escapatoria».

«Nadie ha llegado tan lejos en el mundo» como España con una legislación que persigue acotar los desequilibrios en la cadena alimentaria, aunque se trata de un problema común a todos los países desarrollados, una senda que la Unión Europea debería replicar, ha añadido.

Según ha avanzado, ahora se prevé el desarrollo reglamentario con los próximos reales decretos que definirán la figura del «mediador», y crearán tanto el Observatorio de la Cadena como el Código de Buenas Prácticas comerciales y mercantiles al que, aunque es de carácter voluntario, confía en que se adhieran numerosas empresas.

La ministra ha destacado que el Gobierno legisla para mejorar las condiciones de los agricultores, pero les ha recordado que «la concentración» está en sus manos, para mejorar su posición negociadora ante los compradores en un mundo globalizado.

En este sentido, García Tejerina ha indicado que toda la leche opera ya bajo contratos, pero las organizaciones de productores de dicho sector no tienen aún fuerza suficiente de negociación; «de ahí la necesidad de integrarse», una meta en la que no siempre encuentra en su opinión «la receptividad» de las organizaciones agrarias.

Para el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la ley es «una buena herramienta» porque aporta más transparencia y seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena y evitará abusos, gracias en parte a las actuaciones de la AICA.

Pero ha denunciado el alto grado de incumplimientos en aspectos como la contractualización obligatoria en vino, frutas y hortalizas o lácteos, entre otros.

«Estamos razonablemente satisfechos» con la nueva ley, ha remarcado en su intervención el director general de FIAB, Mauricio García-, quien ha considerado que es «un modelo» para toda Europa.

Según García, la norma se desarrollará aún más con el futuro Código de Buenas Prácticas, en cuya negociación final «entraremos la semana próxima» o el nuevo Observatorio de la Cadena.

«No es una ley de la cadena solamente, sino más aún, para el consumidor», porque contribuirá a una competencia más justa, ha remarcado García durante su intervención.

A juicio del director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, la ley crea «un nuevo marco de relaciones comerciales» y ha abogado por crear un clima de confianza y colaboración entre los operadores de la cadena, que se materializará en el futuro Código de Buenas Prácticas.

Entre sus preocupaciones, García Magarzo ha citado el riesgo de que la ley provoque nuevos costes que «al final acaba pagando alguien», se pierda la «flexibilidad» en la condiciones comerciales o para revisar tarifas o precios, con los que adaptarse al mercado o se generen «condiciones distintas» en las comunidades autónomas.

Por su parte, el director de la AICA, José Miguel Herrero, se ha referido al reciente dictamen de la CNMC que advertía de un posible conflicto competencial en las actuaciones de la Agencia.

Herrero ha precisado que «no es el interés de la AICA llevar a cabo investigaciones que no nos correspondan».

En el caso de «ventas a pérdidas», ha recordado que la AICA no es la competente para investigarlas, pero si llega a su conocimiento algún caso, lo traslada inmediatamente a la región en la que se ha producido o a todas, si les afectara, para que actúen.