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El sector de la fruta de hueso abordará su futuro en otoño

Estudiarán cómo hacer frente a los bajos precios en origen que percibe desde el inicio en 2014 del veto ruso a la importación de fruta comunitaria y que se han agravado este año por la abundante oferta.

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En las próximas semanas, tanto el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) como la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña han anunciado que convocarán a las organizaciones agrarias ante la necesidad de una profunda reestructuración de este sector.

España desplazó a Italia hace unos cuatro años como principal productor de melocotones, nectarinas, paraguayos, pavías, albaricoques y ciruelas, después de apostar con anterioridad por la fruta de hueso en detrimento de la manzana y la pera, según ha explicado a Efeagro José Cabré, de Unió de Pagesos.

Cerca de 121.000 hectáreas se dedican a la producción de estas frutas de hueso repartidas principalmente por Cataluña, Aragón, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana.

Cooperativas Agro-alimentarias estimaba en mayo que la producción de estas frutas alcanzaría 1,76 millones de toneladas, un 7,3% más que en 2016 y un 16% por encima de la cifra media de las últimas cinco campañas; a finales de agosto, el Mapama hablaba de dos millones de t y de una producción récord, semejante a la de 2015, pero con menores precios.

El último informe mensual de coyuntura agraria del ministerio, (junio de 2017), fija el precio en origen del melocotón en 0,51 euros/kg, un 25% inferior que en el mismo mes de 2016; su cotización media a finales de agosto conseguía sus valores mínimos en años: 0,28 euros/kg, muy por debajo del coste de producción.

Mientras que la consejera catalana Meritxell Serret ha afirmado que hay que hacer “cambios estructurales” en este otoño para “garantizar la viabilidad del sector, que arrastra graves crisis de precios”, en la sede de Atocha han calificado la situación de “desequilibrio estructural por exceso de oferta” incluso, “desde antes de 2014”.

Hace unos días, en la última reunión informal de ministros de Agricultura de la UE, se hizo balance de las medidas excepcionales para los productores de fruta de hueso esta campaña, y que se han traducido en ayudas para la retirada del mercado de 52.530 toneladas de melocotones y nectarinas, de las que 29.325 t son españolas. Una cifra importante pero escasa según el sector.

El sector ha valorado el trabajo de la ministra española para conseguir a lo largo de este verano dichas ayudas, cuyo propósito es amortiguar el efecto de las bajas cotizaciones en una campaña que el director técnico de Asaja José Ugarrio ha denominado “catastrófica”.

Sin embargo, tanto esta organización agraria como COAG, UPA, Unió de Pagesos y Cooperativas Agro-Alimentarias han defendido que la posibilidad de retirar producto, bien para su transformación o para su distribución gratuita a través de bancos de alimentos entre población desfavorecida, debía abarcar unas 40.000 toneladas.

El Mapama, que aún no ha fijado fecha para la primera reunión de trabajo con el sector en otoño, ha impulsado este año campañas de promoción de fruta de hueso para fomentar su consumo y se ha puesto en contacto con las cadenas de distribución para sensibilizar de la situación de los productores y vigilar el cumplimiento de las “buenas prácticas” comerciales.

También ha avanzado su compromiso de “trasladar al Ministerio de Hacienda la petición de reducción de los módulos aplicables a la declaración del IRPF 2017”, tal y como ya se aprobó en 2016, y ha recordado que los productores cuentan con ayudas para el acceso a créditos que cubren el coste del aval de hasta 80.000 euros.

Los servicios técnicos de las organizaciones agrarias comparten con la ministra que existe un problema estructural y ya se han puesto a trabajar en sus propuestas de cara a este otoño.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) ha abogado por la “creación de un tercer pilar específico en la Política Agrícola Común (PAC) que garantice una mayor resiliencia de las explotaciones frente a la crisis”.

Fuentes de Cooperativas Agro-alimentarias de España han apuntado que las medidas estructurales que se promuevan por el sector y la administración han de propiciar “la vuelta a la rentabilidad y sostenibilidad de la producción y del reequilibrio del mercado”.

Asaja apoyará, entre otros puntos, exenciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social para los productores, la reducción de módulos aplicables a la próxima declaración del IRPF y ayudas a la contratación de seguros, entre otras medidas, según ha avanzado a Efeagro Ugarrio.

Desde Unió de Pagesos han defendido “las ayudas directas por superficie declarada en las solicitudes directas de la PAC”, las “bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos” y el impulso de un plan de “arranque y abandono de cultivos”, que estaría enfocado a los agricultores de más edad.

David Borda, de COAG, está a favor de “las ayudas directas, la condonación de cuotas de autónomos a la Seguridad Social, un plan de arranque acompañado de ayudas, la fijación de un tope de producción por hectárea, la equiparación de los precios de la ‘no cosecha’ a los de otras medidas de gestión de crisis y acabar con las ventas a resultas”.

En UPA creen que para abordar el problema de la fruta de hueso a medio-largo plazo hay que empezar por prestar “atención urgente a los productores” para que puedan iniciar la nueva campaña sin los “enormes desequilibrios en el poder negociador” a los que se enfrentan ahora y adecuar la oferta a la demanda.

Para la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat), el futuro del sector de fruta de hueso pasa por una “apuesta por el agricultor profesional y joven que ha sabido potenciar su explotación y por ayudar a los más mayores que quieran dejar la actividad”.

Fuente: agroinformacion.com

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1 Comentario

  1. El Estado tendría que fijar unos precios mínimos que cubran los costes de producción y exigir a las grandes superficies que puedan incrementar el precio dentro de un rango establecido, para que el consumidor pueda comprar los productos agrícolas a un precio razonable.

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