Los requisitos de la gran distribución extranjera frena a los productores

En primer lugar aclarar que los LMRs son límites legales de carácter comercial que establecen la máxima cantidad de residuos fitosanitarios que puede tener una fruta y hortaliza para entrar en el canal comercial, y que son de aplicación a todo tipo de cultivos, provengan de agricultura convencional o ecológica. Quizás da lugar a confusión el propio nombre, porque a veces saltan las alarmas cuando se detecta alguna partida que los supera, pudiéndose interpretar de forma errónea que pueden ser perjudiciales para la salud.

La realidad es muy diferente, ya que los límites seguridad para la salud son mucho más restrictivos, tanto es así que las pocas frutas y hortalizas que superan los LMRs podrían ser consumidos sin problemas. Para entenderlo mejor, es como si en vez de quedarte a 50 metros del borde de un barranco te pones a 300. En ambos casos el riesgo de caerte es casi cero. El verdadero riesgo estaría a 1 metro, donde un resbalón sí tiene sus consecuencias.

La política de algunas grandes cadenas no españolas de distribución de pedir a los productores unos niveles de residuos muy por encima de lo que exige la regulación, es decir, poner la barrera a 300 metros, es meramente una estrategia de marketing sin ningún impacto real sobre la seguridad del consumidor. Los agricultores se ven en la obligación de reducir todavía más las trazas de residuos con el sobrecoste que esto supone, para no perder potenciales compradores. Mala cosa cuando se quiere ser más papista que el Papa. Las autoridades garantizan sobradamente la seguridad de los consumidores, por lo que a estas grandes cadenas de distribución que han decidido sobre actuar con algo tan sensible para la agricultura como los LMRs, habría que recordarles, que como buenos zapateros, se dediquen a sus zapatos. Afortunadamente no sucede los mismo con la mayoría de los supermercados y autoservicios, mayoritariamente agrupados en Asedas, que no han entrado en este juego.

Además, el abanico de productos que pueden utilizar los agricultores, ya de por sí muy reducido por las severas regulaciones europeas, se restringe todavía más, lo que potencia un gran problema: la aparición de resistencias. El uso de muy pocos productos está facilitando que las plagas se adapten y se hagan más resistentes, lo que obliga a aumentar las dosis, justo lo que se pretende evitar. En la actualidad, se ha generalizado, convirtiéndose en la pescadilla que se muerde la cola.

Por otro lado y tal como recuerda la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), poner una nueva molécula en el mercado requiere 10-12 años de investigación y gestión administrativa, y una inversión que ronda los 300 millones de dólares. Un modelo insostenible si la velocidad de prohibición sigue siendo tan elevada. Todo ello con la paradoja de que los fitosanitarios que aquí se prohíben pueden ser aplicados en otros países de los que importamos. Una muestra más de la doble moral medioambiental de las autoridades europeas y de una falta de compromiso por una solución global al deterioro del planeta.

Fuente: Hoy