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La patronal citrícola rechaza la ley del Gobierno que fija ‘precios mínimos’ para los agricultores

Afirma que el pequeño productor saldrá perjudicado en situaciones de crisis con esa regulación.

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La Ley de la Cadena Alimentaria, que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados y podría aprobarse a finales de año, continúa sumando detractores entre los operadores de mercado. La ‘ley estrella’ con la que el ministerio de Luis Planas quiere corregir abusos comerciales, mejorar el funcionamiento del sector y garantizar rentas mínimas a los agricultores ante los desplomes de precios en origen desde hace décadas cuenta con el rechazo del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal española con sede en Valencia y que agrupa a las grandes empresas exportadoras.

Según la entidad, presidida por Inmaculada Sanfeliu, fijar en los contratos de compraventa de las naranjas y mandarinas en el campo un precio al menos igual a su coste de producción (el llamado ‘coste efectivo de producción’, según el ante proyecto de la citada ley) «penalizará a los citricultores pequeños que, por lógica economía de escala, tienen costes más altos y los llevará a no poder vender su producción en situaciones frecuentes de crisis de precios».

En ese sentido, la organización empresarial recuerda que dicho colectivo de propietarios de explotaciones de zonas de minifundios -la inmensa mayoría del tejido agrario de la Comunitat Valenciana, más intensivo en mano de obra con los costes salariales más altos y el más afectado por el abandono del cultivo de cítricos- saldrán perjudicados porque la fruta podría quedar en los árboles en situaciones de desequilibrios de mercado y se importará más de países con
menores costes, donde no se fijan precios de referencia en el campo.

El CGC, que se suma a la petición del sector platanero (Asprocan) al solicitar también la excepcionalidad para los cítricos cuando entre en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, considera «perjudiciales» para la competitividad del
sector agrario y la defensa de la renta de todos los productores algunos aspectos de este nueva norma.

La patronal naranjera destaca tres asuntos: la obligación de respetar en los contratos el coste efectivo individualizado de producción del vendedor; que la ley no obliga a respetar los contenidos del contrato a los socios de entidades asociativas, lo que implica que no tienen garantizado en las liquidaciones el coste efectivo de producción; así como la no destrucción de valor en la cadena entendida como que cada eslabón tiene que vender a un precio superior al de compra.

Según Inmaculada Sanfeliu, si las empresas que compran cítricos «tienen que respetar un coste efectivo interno (de los agricultores), independientemente de las condiciones de los mercados globalizados, la nueva ley beneficiará a nuestros competidores de terceros países como Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Turquía o Israel, entre otros, a los que estamos concediendo una baza importante. Estos territorios -apunta- no tienen ningún ‘coste efectivo de producción’ que respetar, gozan de unos costes de producción y unas exigencias sociales, laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria muy inferiores a los nuestros y exportan a la UE sin aranceles».

Visión de Competencia
La organización empresarial asegura que cada vez es más frecuente la presencia de elevados volúmenes de cítricos de la competencia extracomunitaria a bajos precios (como ha sucedido esta campaña con la naranja de Egipto), «lo
que provocará que una parte importante de la producción citrícola no debería acceder al mercado porque, según la ley, el citricultor no puede comercializar su producción a ningún precio por debajo de su coste efectivo de producción, que únicamente él sabe, porque constituye una infracción grave. Y esto es una discriminación al producto español. En un mercado abierto no puedes poner precios mínimos y menos aún solo para producto español», agrega.
La máxima dirigente de esta patronal también recuerda que el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «desactiva la posibilidad de utilizar índices de referencia que podrían llevar a alineamientos de precios y censura que el concepto de ‘coste efectivo de producción’ no esté definido».

 

El Comité de Gestión de Cítricos advierte de que aumentarán las importaciones en la UE de países terceros

Las cooperativas, sin obligaciones
El Comité de Gestión lamenta que el proyecto de Ley solo impone obligaciones a firmas privadas pero no a entidades asociativas (como las cooperativas, que acaparan el 40 % de las compras totales de cítricos), basándose en que la entrega obligatoria de un producto, cuando así figura en los estatutos de la entidad, no tiene la consideración de compraventa y por tanto no necesita contrato.
«Las entidades asociativas tienen que estar obligadas al igual que los privados a que el precio liquidado a socios cubra su coste efectivo de producción y a respetar el plazo de pago de 30 días desde la entrega de un producto», advierte el CGC. J.L.Z. VALENCIA

 

Fuente: Levante. El mercantil valenciano

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