La reciente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, pendiente aún de su tramitación final en el Congreso, marca un hito histórico en el sistema alimentario español. Por primera vez, se legisla de forma integral sobre un problema que afecta no solo a la eficiencia del sector, sino también al equilibrio social y medioambiental del país.
Contexto
Cada ciudadano en España desperdicia más de 25 kilos de alimentos al año. Esta cifra, más allá de lo impactante, es reflejo de una cadena alimentaria que, en determinados puntos, sigue siendo ineficiente. Como CEO de Moyca Grapes, empresa productora, envasadora y comercializadora de uva sin semilla, que lleva años trabajando para reducir las mermas en origen, celebro que esta ley llegue en un momento en el que la sociedad y el tejido empresarial están suficientemente maduros para asumir este desafío colectivo.
El desperdicio alimentario no es solo una cuestión ética o moral, también es una expresión clara de ineficiencia en costes, gestión de recursos y productividad. Cada kilo que se desecha representa energía, agua, tiempo y dinero que no se recuperan. En el caso de productos frescos como la uva sin semillas, donde los ciclos productivos son complejos, los márgenes estrechos y los costes muy altos, optimizar cada fase es crucial para la sostenibilidad del negocio.
Es importante señalar que muchas empresas, especialmente en el sector hortofrutícola, llevamos más de una década implementando buenas prácticas para reducir el desperdicio. La experiencia acumulada, así como una creciente concienciación sectorial, hacen que el terreno esté parcialmente abonado. Por ello, la nueva ley, lejos de representar una ruptura, debe entenderse como un marco regulador que consolida, ordena y multiplica esfuerzos ya iniciados. Esta base previa es precisamente lo que puede facilitar el cumplimiento de los objetivos que plantea la normativa, siempre que se acompañe de medidas de apoyo técnico y una cooperación efectiva entre actores públicos y privados.
Retos
El nuevo texto legal implica a todos los eslabones de la cadena alimentaria. Para grandes superficies, implica firmar convenios de donación con entidades sociales; para la hostelería, ofrecer al cliente la opción de llevarse los alimentos no consumidos. Y en caso de no poder destinarse al consumo humano, deberán priorizarse usos como alimentación animal, producción energética o compostaje.
La nueva ley, lejos de representar una ruptura, debe entenderse como un marco regulador que consolida, ordena y multiplica esfuerzos ya iniciados
El reto, sin embargo, no reside solo en el cumplimiento normativo. Una de las principales inquietudes entre las empresas es la capacidad real de las entidades receptoras para absorber un volumen de donaciones muy superior al actual. La infraestructura existente puede no ser suficiente, y aquí es donde se hace indispensable una colaboración público-privada sostenida, que garantice que la aplicación de la ley no se convierta en un cuello de botella operativo.
Para las empresas hortofrutícolas, la clave estará en reforzar la planificación de cultivos, mejorar los sistemas de previsión de demanda y establecer canales alternativos de comercialización para los productos que no cumplan con los estándares comerciales, pero sí con los de seguridad y calidad alimentaria.
Oportunidad
Asimismo, será fundamental que el sector participe en la elaboración del futuro Plan Estratégico nacional de prevención del desperdicio, que elaborará el Gobierno en colaboración con varios ministerios. Solo con la voz de quienes trabajamos a diario en el campo será posible diseñar políticas realistas, eficaces y alineadas con la realidad del terreno.
La nueva ley debe ser vista no solo como una obligación legal, sino como una oportunidad para aumentar la competitividad, la reputación corporativa y la eficiencia operativa. Porque reducir el desperdicio no es solo un acto de responsabilidad social: es, ante todo, una forma inteligente de hacer negocios. En un momento en que el consumidor exige más compromiso y transparencia, y la sostenibilidad se convierte en un criterio de compra, avanzar en esta dirección no es solo deseable: es imprescindible.
