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La distribución pide la demora, al menos un año, de la ley del plástico

Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, y las asociaciones empresariales Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fiab, Adelma, Stanpa y EsPlásticos se han pronunciado en contra de la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del Impuesto Especial a los Envases de Plástico.

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impuesto al plástico FIAB

Ninguna de ellas considera apropiada la aplicación ahora de un nuevo impuesto que, a su juicio, solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor, por lo que proponen retrasar la entrada en vigor de la medida al menos un año, hasta el 1 de enero de 2024.

La subida de los precios del gas y la electricidad está causando un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania, de las crisis sanitaria, económica y social provocadas por la pandemia y la amenaza de nuevos paros en el transporte, que ponen a prueba la resistencia de unos sectores empresariales sobre los que no consideran razonable añadir a corto plazo costes adicionales.

Asimismo, señalan que, dentro de la UE, en general no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones.

Implantación compleja

Por otra parte, la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas.

Las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su aplicación.

Las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales consideran que además de por la complicada coyuntura económica, es imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe, de momento, cómo aplicar.

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