El motivo de esta petición formal y consensuada por las tres entidades más representativas de la provincia es tratar en profundidad la situación de los asentamientos ilegales existentes en suelo onubense, la mayoría en terrenos de titularidad pública.
En el escrito, las organizaciones comienzan por poner en conocimiento del subdelegado, delegado de la Junta y presidente de la Diputación –como organismo supramunicipal que representa a los ayuntamientos de la provincia-, su “más enérgica protesta por la situación de los asentamientos”. “Esta penosa situación –prosiguen-, consideramos que está originada por la falta de diligencia y asunción de las responsabilidades que específicamente les atañe a los entes públicos a este respecto concreto”, señalan las asociaciones profesionales.
No en vano, pese a las numerosas llamadas de atención que se han emitido desde diversos focos, pero muy especialmente desde el ámbito agrario, las administraciones públicas no han ido más allá de expresar su contrariedad, culparse unas a otras o en último caso, guardar silencio. Una actitud que ha provocado que se mantenga y se consienta año tras año una situación que constituye una tragedia humana y que perjudica muy seriamente a la imagen de la provincia, en especial al sector agrícola, al que siempre se termina culpando de ella sin justificación.
Así, en el se destaca la actitud de las administraciones y se les presenta cuáles son las circunstancias reales de las personas que viven en los asentamientos, las consecuencias de la existencia de los asentamientos y la imagen que los representantes públicos están dando al ciudadano a este respecto. “Resulta lamentable que por la ausencia de coordinación y entendimiento entre las administraciones concurrentes en este asunto – advierten-, se permita la existencia de este drama social, los asentamientos ilegales”. “Esta indolencia implica que haya personas viviendo en condiciones infrahumanas e insalubres en pleno siglo XXI, provocando daños colaterales de imagen, inadmisibles e injustos para nuestra provincia y para el sector agrario y productor que representamos”, recuerdan.
Los representantes de las organizaciones están convencidos de que hay suficientes recursos legales, administrativos y económicos para solucionar la situación de estas personas sin tener que recurrir continuamente a la caridad, que al final sólo contribuye a paliar de forma temporal las lamentables condiciones de vida en las que permanecen estos hombres y mujeres.
Muy al contrario, las administraciones deben ser firmes a la hora de hacer cumplir la ley, aunque esto suponga tomar medidas impopulares, evitando que haya personas en suelo español sin las mínimas garantías jurídicas, sanitarias y laborales y propiciando a quien sí cuente con permiso de residencia o de trabajo unas condiciones de vida dignas, -comenzando por propiciar alojamientos propios de personas, un domicilio que regularice su situación-, ya que esto, a su vez, contribuirá a que puedan ser insertados en la sociedad y en el mundo laboral y salir así de la indigencia.
Las organizaciones firmantes del escrito esperan obtener una respuesta muy pronto, poder mantener uno o cuantos encuentros sean necesarios y muestran una vez más su total disposición para trabajar conjuntamente para encontrar una solución que a buen seguro beneficiará a toda la sociedad onubense.
