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Las razones de Yolanda

Esta semana, las declaraciones de la Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, nos han tenido muy ocupadas unos y muy alteradas otras. Algunos han hablado de “congelación de precios”, otros de “limitar los precios de ciertos alimentos básicos”. ¿Pero qué es lo que ha dicho realmente Yolanda Díaz?

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Vayamos pues a la entrevista original, en Eldiario.es. El texto íntegro de la entrevista a disponible en el link adjunto[1]. Habló de “un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios, 20 ó 30 productos que son básicos: la leche, el pan, los huevos, la fruta…”.

En esta frase hay dos palabras claves, en negrilla en la cita textual anterior: Es verdad que la palabra “topar” indica un límite a los precios, y sobre esta idea se han construido muchas reacciones, pero la palabra “acuerdo” es también esencial e indica que se trata de una negociación con la distribución. No estoy de acuerdo por lo tanto, y por una vez, con mi amigo y compañero Eduardo Moyano, cuando afirma que “la ministra ha tenido que recular[2]”. A mí me parece que, desde el principio, se he referido a la negociación y el acuerdo.

Se ha mencionado con razón un doble precedente francés: el “acuerdo Sarkosy” de 2004[3], cuando era Ministro de Economía, Finanzas e Industria” y “Le Panier des essentiels” en 2011[4]. Al tratarse de acuerdos voluntarios que únicamente comprometen moralmente a los que lo firman, no parece que haya problemas de conflicto con el derecho de la competencia. También puede servir de referencia la campaña actualmente desarrollada en el vecino país galo por Carrefour y que se anuncia como “100 productos esenciales con precios bloqueados[5]”. Fíjense en las dos últimas palabras: “precios bloqueados”.

Para que puedan Ustedes opinar con fundamentos, me permito incluir en este artículo los links donde se puede encontrar la información primaria a la que me refiero.

Negociar un tope para ciertos alimentos: una propuesta perturbadora

Al mismo tiempo hay que reconocer que la Vicepresidenta se ha apuntado un tanto. Ha conseguido estar en el centro del debate político poniendo encima de la mesa de forma comprensible para el ciudadano el impacto de la inflación en las rentas de la gran mayoría de los españoles. Todo esto son aspectos que refuerzan el sentido de la propuesta.

A mí no me preocupa que el debate haya sido lanzado por una de las líderes de uno de los partidos en el Gobierno. Yo he vivido 29 años en Bélgica donde hemos tenido siempre gobiernos de coalición, con hasta 5 partidos distintos. Es normal que cada socio intente marcar territorio, lo importante es saber si el gobierno funciona. En España, para alegría de unos y desgracia de otros, este es el caso, el gobierno funciona.

Por otro lado, y como ciudadano, me alegro de que los políticos hablen de los problemas reales de la gente, y la vuelta de una inflación de dos dígitos lo es sin ninguna duda.

¿Entonces, por qué tengo tantas dudas frente a esta medida?

Después de la crisis de 2008, Mercadona pegó primero y pegó fuerte con una simplificación de su oferta, un ajuste de costes y una rebaja de precios. Ahora parece que es Carrefour quien ha tomado la delantera, al menos mediática.

La competencia en el sector de la distribución en España es feroz. Todos los habitantes de las ciudades medianas y grandes tenemos varias tiendas en nuestro alrededor y los precios de unos pocos productos suelen determinar el lugar donde haremos la compra. La guerra de precios de 2008 tensó la cadena alimentaria y su eslabón más débil, los agricultores y ganaderos, todavía recuerdan sus consecuencias sobre los precios que han percibido. Ya se oían tambores de guerra de precios entre los distribuidores en esta salida de crisis.

La situación hoy para los agricultores y ganaderos es diferente a la del 2008, pero para peor. Están confrontados, por un lado, a una inflación de costes y, por otro, en muchos sectores a una reducción de los volúmenes producidos, como consecuencia del aumento de los costes (caso de la leche) o de factores climáticos (como la aceituna de mesa y el aceite de oliva o frutas y hortalizas). A este impacto de hoy, se une el previsible impacto del mañana con el alza del precio de los fertilizantes e, incluso, su posible escasez.

Por ejemplo, yo compro en mi supermercado habitual, LA OSA en Madrid, la leche “¿Quién es el jefe?”. Antes, su precio de venta al público, calculado para remunerar decentemente al ganadero y asegurar un nivel elevado de bienestar animal, era de 0.87 € y ahora nos lo han subido a 0.99.

Por obligación legal de la ley de la cadena alimentaria y por la lógica económica que implica que si suben los costes los precios de venta deben acabar reflejándolo, este posible “tope” reforzaría la posición negociadora de la distribución frente a la industria alimentaria y los productores y, por lo tanto, su resistencia a transferir al consumidor el incremento de costes.

Es verdad que, en sus declaraciones posteriores a la entrevista, la Vicepresidenta ha insistido en que los productores agrarios no deben ser los que paguen el pato y que de lo que se trata es que la (gran) distribución voluntariamente rebaje sus márgenes de beneficio, pero a los gatos escaldados no les gusta el agua. Además, en las conversaciones que llevaron al “acuerdo Zarkosy” de 2004, participaron los sindicatos agrarios franceses. A la hora de escribir este artículo, no tengo noticias de que se hayan convocado reuniones con los sindicatos agrarios españoles.

La cadena alimentaria

A mí lo que me preocupa, en el fondo, son otros aspectos de la entrevista sobre los cuales nadie (o muy poca gente) ha focalizado su atención. Acerca de la cadena alimentaria y de la diferencia entre los precios percibidos por el agricultor y los precios pagados por el consumidor, se puede leer que en la entrevista a la Vicepresidenta “aquí pasa algo. A los productores les compran las naranjas a 15 céntimos y los ciudadanos las pagamos a 1.48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a los 18 céntimos y se están vendiendo a 1.35. El ajo llega a los consumidores con un incremento de casi el 800%. Es una barbaridad. Alguien aquí se esta enriqueciendo por el camino y esta utilizando la guerra… Está claro que alguien está haciendo negocio”.

Este análisis lleva a proponer soluciones simples, incluso simplistas, a los disfuncionamientos de la cadena alimentaria. Basta con buscar al malo de la película, el especulador que roba a unos y a otros y problema prácticamente solucionado. Se podría así asegurar a la vez precios justos a los productores y razonables a los consumidores.

Unas naranjas en árbol y una bolsa de naranja clasificada, de categoría I, puesta en venta en un distribuidor son dos productos comerciales distintos. Lógicamente, muchos de los costes de manipulación y comercialización son fijos, independientes del valor inicial de la materia prima. Además, también estos costes han sufrido el impacto de una inflación de costes, en particular los costes energéticos y los salariales.

¿Si fuera tan evidentes que hay márgenes abusivos de comercialización, porque los agricultores y sus cooperativas no asumen con carácter general estas funciones? ¿Por qué son tontos e incompetentes o porque no es tan fácil como se describe implícitamente?

Mi diagnóstico es distinto, al margen de posibles situaciones anecdóticas. La distribución española es tremendamente competitiva, con unos márgenes operativos muy limitados. El riesgo de guerra de precios es permanente, sobre todo en situaciones económicas difíciles como esta. La cadena alimentaria puede llegar a destruir valor en vez de crearlo, siendo su eslabón más débil, los productores agrarios y la pequeña y mediana industria, los que asumirían esta pérdida.

Construir cadenas de valor sostenibles no es ni fácil ni tarea de corto plazo. Pasa por la organización económica, productiva y comercial de los productores; por construir relaciones comerciales estables con los compradores a base de comprender, por responder y adaptarse a sus necesidades; por establecer relaciones interprofesionales estables; por unas administraciones que vigilen el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria sin olvidarnos de la innovación varietal, estructural y comercial.

¿Hay riesgos de mercado?

Este es otro de los argumentos que se presentan en contra de la propuesta. En esto coincido con Eduardo Moyano cuando afirma que se podrían provocar distorsiones del mercado con efectos imprevisibles en su funcionamiento, aunque no con el temor de que sean graves.

Estamos hablando, por un lado, de una medida que duraría unos meses. Por otro, los supermercados participantes ofrecerían una cesta de productos a precios negociados, pero seguirían ofreciendo más productos, además de los de la cesta. Me puedo imaginar, por ejemplo, que la parte de las marcas de distribuidor dentro de esta cesta sería más que proporcional.

El riesgo que me parece más real es que algunos productos no estén presentes, o lo estén de manera puramente simbólica, en estas cestas. Este puede ser el caso del aceite de oliva. Ante una cosecha como la que viene, que va a ser corta y quizás la más corta de estos 10 últimos años, los industriales van a priorizar la exportación, remuneradora, frente a un mercado nacional en el que los márgenes, cuando existen, son ya mínimos.

La solidaridad nacional

A estas alturas no es pues fácil emitir un juicio ponderado y riguroso sobre esta iniciativa. La experiencia francesa no es muy concluyente sobre su potencial impacto sobre la inflación y mucho dependerá del contenido de la cesta y de cuántos supermercados van a participar formalmente en la operación o seguir indirectamente el movimiento.

No basta, a mi juicio, con oponerse a la propuesta o poner en duda su eficacia. Entre las otras iniciativas que se podrían implementar, alternativas o complementarias a la de la Vicepresidenta, se me ocurre (entre otros)  subir el salario mínimo, disminuir la fiscalidad sobre los alimentos, distribuir cheques alimentarios como se propone en Francia o cheques de renta (el helicóptero) como se hizo en los Estados Unidos o una combinación de estas y otras medidas.

Estoy en uno de los muchos temas en el que soy incompetente, ya que no me siento capacitado para evaluar las ventajas y los inconvenientes de todas y cada una de ellas. Como ciudadano, tengo mi opinión, e incluso mis prejuicios (entendido como juicios previos antes de escuchar buenas argumentaciones). No cuenten conmigo para intentar aportar algo útil, sensato y constructivo al respecto.

Pero todo este ruido no debería llevarnos a olvidarnos del tema central que la propuesta de la Vicepresidenta ha devuelto al centro del debate político: el impacto que la inflación está teniendo en muchos hogares de nuestro país. Si queremos que en la salida de esta crisis nadie se quede atrás, el actuar es indispensable.

[1] https://www.eldiario.es/politica/yolanda-diaz-quiero-acuerdo-distribuidoras-topar-precios-alimentos-basicos-pan-leche-huevos_1_9288344.html

[2] http://eldiariorural.es/limitar-el-precio-de-los-alimentos-inviable-ilegal-y-contraproducente/

[3] https://www.usinenouvelle.com/article/baisse-des-prix-nicolas-sarkozy-estime-qu-un-bon-accord-a-ete-conclu.N8067

[4] https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110406panier_essentiels.pdf?v=1418637594

[5] https://www.carrefour.fr/boutique/prix-bloques?ban_owner=animco&ban_campaign=2022_defi_anti_inflation&ban_position=carrousel_temps_fort

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